Fortalecimiento de la institucionalidad estatal como motor del desarrollo económico y social de las naciones

Recientemente leí un artículo en BBC News del locutor, escritor y filósofo inglés, David Edmonds, titulado “¿Por qué algunas naciones tienen éxito y otras fracasan?”. En este, el autor desarrolla una reflexión sobre las distintas hipótesis existente sobre cuáles son los factores que permiten a una nación prosperar más que otra.

Inicia citando el trabajo del filósofo y economista alemán Max Weber, en el que indica que el desarrollo económico de la sociedad occidental moderna se debe a las diferencias culturales y/o religiosas de cada país. 

También hace referencia a otras hipótesis, que plantean que la falta o restricción de recursos naturales o conocimientos técnicos impiden que los países menos desarrollados tengan un crecimiento económico autosostenido.

Finalmente, el artículo hace referencia al trabajo de James Robinson, profesor de la Universidad de Chicago y director del Instituto Pearson. Robinson plantea que no está de acuerdo con las hipótesis anteriores y sostiene que algunas naciones no logran un crecimiento económico autosostenido debido a la falta de instituciones que funcionen.

El ser humano por naturaleza crea reglas que influyen en sus incentivos y oportunidades. Estas reglas generan diferentes patrones de incentivos y eso marca la diferencia.

Los países prósperos tienen instituciones que funcionan como como los parlamentos o los tribunales de justicia. Estas instituciones son percibidas como honestas, y estableciendo reglas que rigen los derechos de la propiedad, fomentan una competencia empresarial y generan las siguientes percepciones o atributos entre la sociedad o el pueblo:

  • Percepción de justicia
  • Percepción de predictibilidad
  • Percepción de equidad

A partir de esta lectura, Edmonds me reveló el Santo Grial. Muestra una fórmula concreta sobre la receta del éxito para convertir nuestras sociedades latinoamericanas en sociedades prósperas. Por esta razón, me permití la libertad de hacer un pequeño ejercicio mental, que me llevó a descubrir lo aparentemente obvio, sobre la importancia del fortalecimiento institucional como clave del éxito para el desarrollo económico. En ese orden, partí de un modelo simple, basado en el plano cartesiano que describo a continuación, y luego lo apliqué, con algo de ingenuidad bien intencionada, al análisis del caso de Guatemala.

 

Figura 1: Plano cartesiano de legalidad y legitimidad

En este cuadro pretendo mapear, en una cuadrícula euclidiana, los conceptos de legalidad y legitimidad. Para este breve escrito, me permito definir dichos conceptos a partir de la teoría política, donde legalidad es el derecho positivo que conforma el Estado, y legitimidad se refiere a un conjunto de principios éticos apoyados por un pueblo.

A partir de esto, desarrollaré las 4 categorías de las zonas que se generan en nuestra hipotética cuadricula euclidiana.

Zona I – Institucionalidad óptima: aquí nos encontramos ante un Estado altamente regulado. Sus normas de interacción están escritas y son fuertemente percibidas como identificables con el marco de actuación ético del “pueblo” o la gente de a pie.

En esta categoría se podría decir que se dan los atributos de la percepción de justicia. Asimismo, está se encuentra escrita y sus resultados son predecibles. En términos generales, poseen la misma percepción de equidad entre sus cuidamos.

Zona II – Institucionalidad de papel: nos encontramos entonces con un marco regulado de manera positiva, pero con diferencias sustanciales en la precepción de igualdad de su “pueblo”. En general, sus resultados son altamente inciertos y poseen baja confianza en la transparencia de los procesos. Esta es la razón por la que se encuentra en el cuadrante negativo de la legitimidad.

Zona III – Desgobierno total: en este cuadrante se presenta la creencia de un derecho casi consuetudinario y totalmente dispar en la percepción en los valores éticos de su “pueblo”. Nos encontramos con un escenario ene que podría “gobernar” un dictador sin ley escrita y con resolución personalista de las reglas de interacción de la sociedad.

Zona IV – Cuasi-institucionalidad óptima: este posee un proceso muy interesante y paradójico, ya que se encuentra en el lado positivo de la legitimidad, pero posee baja formalización escrita de sus reglas e incentivos, por lo que no esta completamente regulada las percepciones del pueblo. En este cuadrante, las intervenciones del gobierno son percibidas como aplicables para todos, aunque no estén formalmente dispuestas en leyes, decretos, reglamentos, entre otros. Diría que es un Estado primario que atiende la institucionalidad óptima.

 

Figura 2: Zonas del plano cartesiano de la legalidad y legitimidad

Con estas simples definiciones, me permito hacer un diagnóstico para tratar de encuadrar mi opinión con lo anteriormente descrito al caso Guatemala.

Sobre la percepción de legalidad, diría que está en el eje positivo. El país cuenta con una Constitución, como norma suprema del Estado, la cual da vida a las diversas instituciones típicas que conforman un Estado moderno. También cuenta con una extensiva tradición jurídica, que le permite mostrar un gran entramado de leyes, reglamentos, decretos, que regulan las interacciones, iniciativas y oportunidades entre ciudadanos.

Su percepción de predictibilidad es baja, debido a la falta de confianza de su pueblo hacia sus instituciones, debido al resultado de la aplicación de las reglas en sociedad.

Un ejemplo de lo anterior, que simplemente tomaré como referencia ara efectos ilustrativos de este texto, fue el contexto de la relación del Estado de Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG fue una comisión creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. Fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad era apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Aquí podemos observar una falta de confianza en el operador de justicia y, por esta misma línea de pensamiento, se puede inferir una desarmonía entre el conjunto de valores éticos del pueblo de Guatemala y sus instituciones.

Pues claramente la CICIG se estructuró de forma paralela sobre la misma estructura de justicia del Estado. Con esta pequeña disertación, Guatemala estaría en el cuadrante denominado en el presente escrito como Institución de Papel. 

 

Figura 3: Posición de Guatemala en el del plano cartesiano de la legalidad y legitimidad

  

A partir de esto, es bueno comparar el resultado de los hechos con los siguientes indicadores de prosperidad de Guatemala:

  • Producto Interno Bruto per Cápita (PPA): ocupa el puesto 115 de 188 con un PPA de US$8,429. En el primer lugar, se encuentra el país con el PPA más alto.
  • Índice de Desarrollo Humano (IDH): ubicada en el puesto 126 de 189 con un IDH de 0,651. Ocupa el primer puesto, el país con mayor desarrollo humano en sus habitantes.
  • Índice de Percepción de la Corrupción (IPC): ubicada en el puesto 148 de 189 con un IPC de 26. Se ubica en el primer puesto, el país en el que sus habitantes perciben que no hay corrupción.
  • Rule of Law Index (RLI): ocupa el puesto 70 de 102. Siendo el puesto 1 el país con mejor imperio de la ley.

  

Figura 4: Top 10 de indicadores de prosperidad

IDH

PIB

IPC

RLI

1. Noruega

1. Catar

1. Dinamarca

1. Suiza

2. Suiza

2. Macao

2. Nueva Zelanda

2. Nueva Zelanda

3. Irlanda

3. Luxemburgo

3. Finlandia

3. Noruega

4. Alemania

4. Singapur

4. Suecia

4. Dinamarca

5. Hong Kong

5. Irlanda

5. Suiza

5. Países Bajos

6. Australia

6. Brunéi

6. Singapur

6. Finlandia

7. Islandia

7. Noruega

7. Noruega

7. Canadá

8. Suecia

8. Emiratos Árabes Unidos

8. Países Bajos

8. Reino Unido

9. Singapur

9. Kuwait

9. Luxemburgo

9. Australia

10. Estados unidos

10. Hong Kong

10. Alemania

10. Corea del Sur

Los países que se enlista a continuación ocupan un lugar como mínimo en tres de los 4 rankings presentados con anterioridad:

  1. Noruega
  2. Suiza
  3. Singapur

 

Figura 5: comparación de los indicadores de prosperidad con Guatemala

PAÍS

IDH

PPA

IPC

ROL

Guatemala

126

115

148

70

Noruega

1

6

6

1

Suiza

2

9

5

3

Singapur

9

3

7

25

Noruega, resultado de la intersección simple de los listados de referencia, tomados para este artículo, el cuál no pretende ser exhaustivo, es posible posicionarlo, por su estabilidad en legalidad y legitimidad en el primer cuadrante: Noruega es un ejemplo de Institucionalidad óptima.

 

Figura 6: comparación de legitimidad y legalidad entre Guatemala y Noruega

Noruega cuenta con un gobierno de Monarquía Constitucional. Por un lado, cuenta con una realeza con funciones son ceremoniales, lo que provee legitimidad, confianza y valores éticos y morales a la sociedad creyente del pueblo. Por el otro, cuenta con un sistema parlamentario para su gobierno, el cual es regido por una constitución que data de 1814, la cual garantiza la separación entre poderes y posee una regulación muy fuerte en los mercados, con una alta intervención estatal, lo que genera una economía próspera y rica.

Por consiguiente, podríamos afirmar que Guatemala se encuentra en un camino a la riqueza prospera, con una brecha importante para tratar los componentes de legitimidad y para lograr pasar sus niveles de desarrollo humano de medio-alto a alto; necesita mejorar su PIB per Cápita. Pero no solo es necesario pensar en las variables políticas macroeconómicas. En Guatemala es necesario trabajar muy fuerte en las reglas, motivaciones e incentivos de la sociedad para obtener una reconciliación en sus valores.

Con sus valores y objetivos claros como sociedad, el cambio en la burocracia interna del Estado de Guatemala tendrá un impacto muy significado en el ambiente de los negocios, y estos serán motores para la prosperidad del país.

Pero si las instituciones no se profesionalizan y elevan el nivel de sus funcionarios, si las instituciones no se modernizan y mejoran sus indicadores de confianza con la población, no podrán lograrse el desarrollo de la economía guatemalteca y la sociedad. Es necesario un cambio en los hábitos de educación básica en la función pública, ya que solamente la mejora de las instituciones permitirá un avance económico y un ambiente para los negocios sostenibles que permita el desarrollo próspero de iniciativas de nación en infraestructura eléctrica, carreteras, puertos, entre otros.

 

Referencias Bibliográficas

Escrito por:

Mauricio Pablo Acevedo Arredondo

Gerente General de Trecsa y EEBIS, Ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia con MBA de INALDE Business School, Especialista en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica de la Universidad de los Andes, Especialista en Gerencia de Mantenimiento de la Universidad Industrial de Santander. Project Management Professional -PMP- del Project Management Insitute. Amplio conocimiento en la gestión integral de activos, diseño, construcción y formulación de proyectos de infraestructura de líneas de transmisión, gestión ambiental de la infraestructura lineal, valoración y gestión del riesgo. Experiencia en la atención de emergencias y valoraciones técnico- económicas de proyectos de transporte de energía eléctrica. Actualmente se desempeña como Gerente General de TRECSA y EEBIS.

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