La provisión de electricidad en Guatemala depende de una combinación de acciones y servicios que se conjuntan para lograr que la energía eléctrica llegue sin problemas hasta los consumidores finales. En ese proceso desempeñan un papel importante: la generación, con actores como el INDE, la transmisión, con empresas como Trecsa o Trelec, y la distribución, con empresas como EEGSA. Todas ellas trabajando para asegurar la confiabilidad necesaria en el servicio.
Si bien estos actores trabajan incansablemente, no siempre se logra que el suministro sea continuo y confiable, siendo una de las causas más comunes los apagones. Los apagones, que pueden deberse a fenómenos naturales, o a la fragilidad de la red y la poca inversión en la misma, suelen generar costos de interrupción para las empresas, y para la economía en general.
Pero no son las únicas causas. Más graves aún son las pérdidas de electricidad “no técnicas”. En este rubro son comunes los sobornos corporativos o el robo de energía eléctrica, entre otros elementos relacionados a la corrupción y el delito. Las pérdidas de transmisión y distribución de energía eléctrica incluyen las que se producen en la fase de transmisión entre fuentes de suministro y puntos de distribución, así como en la distribución a los consumidores.
Según los datos que aporta Energuate a Prensa Libre, el costo de las pérdidas de energía de esta clase, entre las que se incluyen robos y cuentas incobrables, llegó en el año 2019 a Q159.4 millones. Si bien, áreas como Antigua Guatemala o las Verapaces no muestran altos índices, estos hechos se concentran principalmente en 20 municipios entre los que destacan por su tamaño, Petén, Huehuetenango, y Jutiapa.
Estos delitos suelen ser anónimos, hasta que las autoridades logran identificar a los culpables, lo cual es muy costoso y toma bastante tiempo. La forma común en la que se llevan a cabo estos hechos es que ciertos personajes se conectan ilegalmente a una fuente de alimentación, o bien, conectan una línea que se ha desconectado al manipular un contador, lo cual evita que pueda registrarse correctamente el consumo de electricidad.
Otros delitos menos frecuentes incluyen intervenir en instalaciones vecinas para usar líneas ilegales sin consentimiento o vallas electrizadas. Los consumidores legítimos de electricidad con frecuencia no se percatan de que estos comportamientos también les dañan, por lo que el impacto del robo de electricidad a menudo pasa desapercibido hasta que su costo se hace notar.
El marco legal que rige la energía eléctrica en Guatemala se compone de varias leyes y reglamentos. Guatemala aprobó la Ley General de Electricidad en 1996, misma que regula el desarrollo del conjunto de actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de la electricidad.
A esa ley se suma la creación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, como un órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas, cuyo mandato principalmente es cumplir y hacer cumplir la ley y sus reglamentos, así como imponer sanciones a los infractores. Finalmente, en 1997 se formula y aprueba, mediante el Acuerdo Gubernativo número 256-97, el Reglamento de la Ley General de Electricidad, con el objetivo de desarrollar las normas de la ley en forma reglamentaria.
Dentro de ese reglamento, son las Normas Técnicas del Servicio de Distribución (NTSD), las que contemplan las multas e inhabilitaciones a los consumidores, ya sea por instalaciones inadecuadas, autoconexión, robos, o falta de pago.
A ese corpus legal específico para aplicar sanciones, debería sumarse la persecución de los delitos por medio de las acciones de otras entidades y normas que velan por el cumplimiento de la ley en Guatemala, como la acción del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en el ámbito institucional, y del Código Penal y procesal Penal de Guatemala como instrumento jurídico.
El robo de electricidad no solo es peligroso para quienes roban. Si se está en la misma línea eléctrica que alguien que roba electricidad, esa persona podría ser confundida y tener que asumir también el costo del robo. Además, las líneas eléctricas en esa situación suelen sobrecargarse, lo que podría dañar los dispositivos y electrodomésticos de un usuario inocente. El robo de electricidad hace que el servicio de energía sea menos confiable y de menor calidad para todos los clientes que pagan.
Por estas razones, es de suma importancia proteger el trabajo que realizan empresas como Trecsa, Deocsa, o Trelec, para que el servicio sea prestado de manera óptima y sin interrupciones, lo que en última instancia significa proteger también a los consumidores guatemaltecos como tal.